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Veredicto del día: responsabilidad del concesionario viario. Daños al heredero o a terceros. Colisión de un transporte con animal suelto en una ruta. Responsabilidad concurrente de la Provincia de Tucumán. Poder de policía. Indemnización. Intereses

Tribunal: Cámara Doméstico de Apelaciones en lo Civil, sala K(CNCiv)(SalaK)

Partes: Vidriera Claudia Roxana del Valle c. Viario Cinco S.A. s/ daños y perjuicios

Cita Online: AR/JUR/67529/2014

Un automóvil que circulaba por una ruta, a menos de dos kilómetros del peaje, colisionó con un animal que estaba parado en la calzada. A raíz de los daños sufridos por una de las pasajeras, se inició argumento de daños contra la concesionaria viario, la Provincia de Tucumán y el Estado Franquista. La sentencia admitió la demanda solo contra la primera. Apelado el decisorio, la Cámara extendió la responsabilidad a la Provincia citada, aumentó el monto de condena y modificó la tasa de interés.

  • La concesionaria viario demandada es responsable, en forma concurrente con la Provincia de Tucumán, por los daños derivados del choque de un automóvil con un animal que se encontraba parado en la calzada, en tanto no acreditó la asimilación de medidas eficaces de carácter preventivo, pese a la existencia de carteles en la zona advirtiendo la posibilidad de encontrarse animales sueltos, lo cual resulta insuficiente.
  • La Provincia de Tucumán debe replicar, en forma concurrente con la concesionaria viario demandada, por los daños derivados de la colisión entre un automóvil y un animal que se encontraba parado en la calzada, ya que, en virtud de las funciones de policía que le atañen, era su deber suministrar en condiciones de transitabilidad la ruta para evitar perjuicios a quienes circulen por ella.
  • Texto Completo: 2ª Instancia.- Buenos Aires, octubre 31 de 2014.

  • Vienen estos autos a este Tribunal con motivo de los medios de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia dictada a fs. 836/844, expresando agravios la actora a fs. 909/ 913 y la demandada “Viario Cinco S.A.” a fs. 922/ 927, cuyos traslados fueran contestados a fs. 929/ 933 y fs. 934/ 936.
  • La presente causa tiene su origen en el desnivel ocurrido el día 15 de mayo de 2006, a las 0.20 hs. aproximadamente, sobre el km. 1226 de la Ruta N° 9, concesionada por “Viario Cinco S.A.”.

    Relata la actora que el día del hecho, circulaba por la ruta mencionada a lado del automóvil marca Citroen C3, dominio …, conducido por su cónyuge, Fernando Ariel Tello, cuando imprevistamente colisionaron un animal que se encontraba suelto en la calzada, sin la presencia de sus dueños. Agrega que, a raíz del impacto, sufrió lesiones físicas y daños materiales en el transporte, por los que aquí reclama.

    La accionada contestó demanda fundamentando su descuido de responsabilidad en el evento, la que achaca al Estado Doméstico y a la Provincia de Tucumán, a quienes cita como terceros (conf. art. 94 y sig Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). En primer ocasión niega el hecho, niega que el rodado del actor hubiera colisionado con un animal y que se hubieran producido los daños por los que reclama. En su caso, sostuvo que la responsabilidad por los daños causados por los animales se encuentra interiormente de las previsiones del art. 1124 del Cód. Civil, por lo que no siendo su parte ni dueña ni guardiana del animal que supuestamente participó en el evento dañoso, no cerca de atribuirle responsabilidad alguna. Y encontrándose “descuidado” el animal en ocupación manifiesto, aparece a su criterio la responsabilidad del Estado, existiendo sobre la ruta franquista un indudable deber de custodia por parte del Estado Provincial y del Estado Franquista. Agrega que, de todas maneras, su parte hace todo lo posible y toma todas las medidas para evitar siniestros de esta naturaleza, privilegiando la prevención.

    Solicitó, en función de lo expuesto y las restantes argumentaciones que brinda, el rechazo de la demanda entablada en su contra, con costas.

    Habiendo prestado conformidad la actora con la citación de terceros (fs. 93) y citada a estar a derecho a fs. 94, se presenta a fs. 119/134 la Provincia de Tucumán, negando el acaecimiento del choque y, subsidiariamente, su responsabilidad en el mismo. Cita derecho respecto a la relación jurídica que une a la concesionaria con el sucesor de la ruta, determinada por una obligación objetiva de seguridad. Refiere que tanto la Dirección de Transporte como la Policía de la Provincia de Tucumán cumplen acabadamente sus obligaciones. A todo evento, invoca como eximente la excesiva velocidad a la que circulaba el marido de la actora en ocasión del contratiempo y la responsabilidad del propietario del animal con el que se produjera el siniestro. Peticiona el rechazo de la demanda, con costas a cargo de Viario Cinco S.A.

    Por extremo, obra a fs. 139/ 152 la contestación del Estado Doméstico -Ministerio de Capital y Producción- planteando excepción de incompetencia, desestimada por la Corte Suprema a fs. 211. Opone defensa de descuido de legalización pasiva y subsidiariamente contesta demanda. Considera que la responsabilidad del hecho debe recaer sobre el concesionario viario, puesto que el supuesto daño reclamado se ha generado por la deficiente prestación del servicio y no el examen del poder de policía del Estado, atento que no ha existido intervención directa de alguno de sus órganos. Por otro flanco, pone de manifiesto que el Poder de Policía y autoridad de la seguridad, corresponde a la autoridad Policial de la Poder, es asegurar, de la Provincia de Tucumán, que tiene el poder de policía sobre los animales sueltos de la ruta y es quien tiene que controlar y cumplir las normas que regulan su presencia en el departamento que le pertenece. Pide se haga espacio a la defensa y se rechace la demanda en todas sus partes, con costas.

    La Sra. togado a quo tuvo por acreditada la existencia del azar a partir de los rudimentos indiciarios que surgen de la causa y que detalla en el decisorio; indicando que encima del número y precisión de los mismos, resultan concordantes entre sí. Alude que la denuncia policial guardián similitud con la formulada delante la aseguradora, lo que resulta coincidente con la nota periodística acompañada de un publicación específico con foto del rodado siniestrado, cuyos deterioros entiende el habituado actuante, se relacionan con las posibles consecuencias de una colisión contra un animal (conf. pericial).

    En cuanto al ajuste forense, adhiere a la posición que considera que el concesionario se encuentra vinculado con el sucesor a través de una relación contractual de consumo (art. 42 CN y arts 1° y 2° ley 24.240), conforme criterio de la CSJN. Afirma la yerro de admisión de medidas mínimas de seguridad para erradicar este trascendental peligro para la circulación viario. Suma que el percance acaeció a menos de dos km. del peaje, por lo que la cercanía con ese ocupación imponía una presencia efectiva de la concesionaria para la público del agraciado. Agrega que, conforme cláusula 18.7 del resolución de concesión -reservado en sobre- la responsabilidad por animales sueltos quedaba en vanguardia de la prestadora del servicio.

    Asimismo, admite la excepción de equivocación de certificación pasiva interpuesta por el Estado Franquista y desestima la demanda entablada contra la Provincia de Tucumán, destacando al respecto la posición reiterada de la Corte Suprema en el sentido que el poder de policía no puede soportar a involucrar al Estado en las consecuencias dañosas producidas por hechos extraños a su intervención directa.

    Así, hizo superficie a la demanda entablada por Claudia Roxana del Valle Vidriera contra “Viario Cinco S.A.”, condenando a esta última a abonar a la actora la suma de pesos noventa y cuatro mil quince ($94.015), con más intereses y costas a la empresa demandada en su totalidad.

    Contra dicha osadía se incremento la actora quien cuestiona: 1) el monto establecido por “incapacidad sobreviniente” ($30.000) el que considera insuficiente atento la incapacidad con que cuenta y sus condiciones personales.

    2) la suma fijada por “daño honesto” que aparece a su criterio insuficiente para cubrir la afectación que las secuelas del hecho le provocaron, teniendo en cuenta la intervención, yeso, tratamiento, angustias, etc.

    3) la tasa de interés fijada por el período comprendido entre el hecho y la sentencia (8 % anual). Solicita se aplique la tasa activa conforme plenario “Samudio…”, desde la data del hecho y hasta el efectivo cuota.

    La accionada “Viario Cinco S.A.” se agravia, en primer lado, de que se haya tenido por probado el hecho a través de indicios o presunciones. Entiende que los instrumentos de prueba agregados ni siquiera pueden considerarse indiciarios. Refiere que sólo se cuenta con información fragmentario proporcionada por la actora y su cónyuge. Alude que no se acompaño prueba testimonial, ni fotografías del circunstancia o del animal, ni actuaciones policiales para dar con su dueño. Solicita se revoque el sentencia y se rechace la demanda, toda vez que la actora no logró -a su criterio- cumplir con su carga de conformidad con el art. 377 y conc. del Cód. Procesal.

    Subsidiariamente: 1) en cuanto a la responsabilidad atribuida, se agravia por considerarse insuficientes en el decisorio las medidas adoptadas por su parte para tratar de evitar accidentes de este tipo en el corredor viario, habiéndose omitido analizar -sostiene- la prueba producida al respecto: las permanentes denuncias respecto de la presencia de animales sueltos en la ruta y la solicitud a la autoridad policial para que intervenga; el documentación de OCCOVI que prueba la proliferación de carteles advirtiendo la posibilidad de encontrar animales sueltos y el cumplimiento de Viario Cinco S.A. de su obligación contractual de colocación de alambrados a razón de 3000 metros por año, las declaraciones testimoniales producidas que denotan las tareas de prevención y patrullaje, etc. Entiende que se hizo todo lo posible para evitar hechos como el de autos, incluso en exceso de lo determinado con el concedente. Solicita, en definitiva, el rechazo de la influencia deducida en su contra.

    2) por no poseer analizado la sentencia la cuestión de la Provincia de Tucumán, totalmente diferente -a su criterio- a la del Estado Doméstico. Refiere que la sentencia no analiza el propio referencia de la Policía de la Provincia de Tucumán dando cuenta que es la única autoridad autorizada a organizar y/o representar en presencia de la existencia de animales en el corredor viario. Se omite en consecuencia analizar las obligaciones a cargo de la autoridad policial impuestas por la ley provincial. Pide se condene a la Provincia de Tucumán -en su caso- al cuota del monto que en definitiva sea diferido a condena, excluyendo esta responsabilidad la del concesionario.

    3) por la procedencia y monto otorgado por “incapacidad sobreviniente y tratamiento”, cuando el propio marido de la víctima manifestó a la autoridad policial que no había víctimas ni lesionados, testimonio que -alega- debe prevalecer por su inmediatez. A ello suma que padeció conforme pericial, sólo una leve secuela en el dedo pulgar y marcha de afección psíquica, lo que no incidirá en su vida gremial ni de relación, acordando la a quo, no obstante, una suma que supera con creces la reclamada en la demanda, fallando “exaltado petita”.

    4) la suma fijada por “daño honrado”, la que considera debe reducirse conforme los supuestos padecimientos sufridos, habiéndose otorgado un monto maduro al doble de lo reclamado, sin prueba que avale los padecimientos que alega la actora.

    5) la procedencia y monto establecido por “gastos médicos, farmacéuticos, de rehabilitación y traslado”, el que no encuentra correlato en la prueba producida, ni en la suma reclamada. Entiende que contando con cobertura de obra social, el monto queda limitado a los gastos de traslados, sin existir constancia de erogaciones en ese sentido, por lo que la partida -en su caso- debe meritarse con suma prudencia.

    6) la procedencia del rubro “daño emergente” que involucra lo relativo a la reparación del automóvil, toda vez que no existe prueba que justifique su otorgamiento. Refiere que la autenticidad del presupuesto fue negada, que el perito no inspeccionó el rodado y que la fotografía del semanario es poco clara. Pide se revoque el veredicto en este aspecto y se desestime el rubro.

    7) por iguales argumentos, peticiona el rechazo del rubro “privación de uso del rodado”, atento no haberse probado los supuestos daños, por lo que mal puede concluirse -afirma- en un transcurso probable para la duración de los arreglos.

  • Corresponde, en consecuencia, analizar en el entorno de los agravios vertidos, si la actora ha rematado acreditar los extremos invocados en la demanda para probar la ocurrencia del hecho; determinar si se ha configurado la responsabilidad de la demandada -como sostiene la a quo en el defecto recurrido- o si, como entiende la recurrente, no ha habido incumplimiento alguno de su parte que permita endilgarle responsabilidad. Asimismo, en su caso, si corresponde responsabilizar a la Provincia de Tucumán por el acaecimiento del hecho que derivara de la presencia de un animal suelto en la ruta, en forma monopolio o conjuntamente con el concesionario viario.
  • En este orden, examinados los agravios y valorada la prueba producida, a la luz de los principios que inspiran la sana crítica (arts. 386 del Cód. Proc. Civ. y Comercial) he de ir en cabeza que los informes de autos permiten otorgar certeza a los hechos invocados en el escrito de inicio, resultando justo el ajuste forense en el que la Sra. Enjuiciador de fracción resuelve la cuestión respecto de la empresa demandada; destacándose en tal sentido, que los magistrados no se encuentran obligados a atender todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por las partes y todas y cada una de las pruebas arrimadas al expediente, sino tan solo las que resultan conducentes y decisivas para una correcta decisión del pelea.

  • Sostiene, en primer oportunidad, la empresa accionada que no ha sido acreditado la efectiva ocurrencia del hecho y que no existen indicios suficientes a tales fines.
  • Sin secuestro, tal como surge de los medios de causa obrantes en el expediente, resulta a mi criterio probado, tanto el acaecimiento del choque, como las circunstancias fácticas del mismo; esto es que, en circunstancias en que la actora circulaba por la Ruta concesionada por la demandada, se interpuso en su trayecto de marcha un animal, al que no pudieron evitar embestir; no habiendo, por el contrario, la demandada acabado interrumpir el vinculo causal.

    En meta, la copia de denuncia del siniestro formulada delante la seccional policial de Los Puestos, Pcia. de Tucumán acompañada a fs. 330 (autenticidad reconocida a fs. 329) da cuenta de la ocurrencia del evento dañoso. Consta allí que Fernando Ariel Tello manifestó que, como a las 0.20 hs. de dicho día, circulaba por Ruta Doméstico 9 de Tucumán, en torno a la Prov. de Santiago del Estero y, al calar a la categoría del km. 1226.900, fue que imprevistamente se encontró con un animal parado en la calzada por la que circulaba (carril), embistiéndolo y yendo a detener a la banquina contraria, habiéndose producido daños materiales de consideración en el transporte, automóvil Citroen C3; dejando constancia que no hubo víctimas ni lesionados.

    A fs. 309 obra copia de las noticiario policiales publicadas en “Nuevo Diario” de Santiago del Estero, el día 18 de mayo de 2006 -autenticada por el director del periódico- donde bajo el título “Clan santiagueña salva sus vidas al protagonizar violento choque en la ruta”, se relata el siniestro motivo de autos, en el que Fernando Ariel Tello, su esposa y tres hijos sufrieron el choque de su rodado con un animal yeguarizo sobre la cinta asfáltica, a dos km. de cruzar el peaje -a la consideración del km 1227-. Que ello sucedió el 15 de mayo, a las 0.20 hs. y se detalla que el Citroen C3 en el que se desplazaban, sufrió daños en gran parte de su carrocería -obra fotografía del mismo-, que los menores sufrieron excoriaciones y la esposa una laceración en la mano, sin presentar daños graves.

    En otro orden de ideas, a fs. 417 vta. el perito mecánico designado de oficio determinó que los daños que presenta la pelotón -según fotografía- se relacionan adecuadamente con las posibles consecuencias de una colisión contra un animal, como se lo relata en la demanda.

    Por su parte, HSBC La Buenos Aires Seguros, acompañó a fs. 345/ 351, copia de los informes obrantes en su poder relacionados con el casualidad de plazo 15/05/2006 en el que interviniera el Citroen C3 asegurado. Conforme surge de sus registros, el hecho acaeció en el km. 1226,9 de la RN 9, plaza de Los Puestos, Pcia. de Tucumán.

    En el detalle del casualidad, Fernando Ariel Tello expresó que circulaba por ruta 9, con sentido NO a SE y se encuentra de repente un animal parado en el carril suyo, que lo proxenetismo de esquivar y lo alcanza a tocar o chocar, cruzándose de carril e impactando con el animal. Que explotan los airbags delanteros y frenó el transporte, sin gemir ninguna víctima.

    Al mencionar los lesionados, consta Claudia Roxana del Valle Reflejo, quien sufriera fractura de muñeca izquierda. Obran agregadas además fotografías del rodado.

    El rodado fue remolcado por el Automóvil Club Argentino desde la fase del ACA “Servicentro Ojo de Agua S.R.L.” hasta la concesionaria de Citroen al día próximo del hecho, esto es, el 16/05/2006 (conf. fs. 471/ 473).

    A su vez, a fs. 452/ 467 obra la contestación de oficio del Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (IOSEP) de Santiago del Estero remitiendo documentación e informes respecto a la atención brindada a Claudia Roxana del Valle Vitral, aquí actora, surgiendo en el relación de prestaciones históricas del asociado, que con aniversario 15/05/2006 fueron cubiertos radiografía de antebrazo, codo, mano y yeso braquipalmar.

    En orden a ello, entiendo que existen en autos, indicios suficientes y concordantes que permiten tener por probada la vinculación material entre el daño y las circunstancias fácticas descriptas en el inicio.

    Pues proporcionadamente, atento las disposiciones del art. 377 del Código Procesal, el perjudicado que ejerció la acto resarcitoria tiene a su cargo la prueba del daño sufrido y el contacto con la cosa de la cuál éste provino y el demandado, en su condición de dueño o vigilante de esa cosa, para eximirse de responsabilidad o disminuir la que se le atribuye, debe acreditar la infracción de la víctima, de un tercero por quien no deba contestar o el caso fortuito.

    La carga de la prueba se vincula entonces, en categoría ceñido, con la condición de convencer al delicado sobre la existencia del hecho afirmado (CNac. Civ. Sala H, 25/02/1999 (Orijüela c. Lirosi s/ daños y perjuicios). Se manejo de una cuestión de hecho, supeditada a la apreciación del Mediador y que se corresponde con las peculiaridades que rodean la situación (conf. Colombo, “Desliz Aquiliana”, T° I, N° 56, p. L17; Baranda, “Obligaciones”, T° II, N° 1317, pág. 243).

    En tal sentido, debe resaltarse el valía probatorio de las presunciones que constituyen una vía indirecta para obtener al conocimiento o admisión de un hecho. Se parte de un hecho conocido y probado y se tiene por acaecido otro hecho, que se intenta probar por medio de un razonamiento. A ello se refiere el art. 163, inc. 5°, párr. 2° del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación que dispone que las presunciones no establecidas en la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión empeoramiento y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza de motivo, de conformidad con las reglas de la sana crítica.

    Es así que los referencias valorados resultan suficientes, a mi criterio, para tener por cumplido el onus probandi que pesaba sobre la demandante.

    VII. Demostrada entonces la efectiva ocurrencia del montaña, corresponde analizar la responsabilidad de “Viario Cinco S.A.”

    Como sostuviera mi distinguido colega de Sala, Dr. Oscar J. Ameal en numerosos precedentes (Expte. N° 43.796/34, “Meraldi, María Elena c. Caminos del Atlántico SACV s/ daños y perjuicios”, entre otros), “la doctrina y legislación han ensayado distintas posturas sobre la naturaleza jurídica y alcances de la responsabilidad de los concesionarios viales”.

    “El llamado criterio “tributarista” de la responsabilidad extracontractual o conclusión restrictiva, establece que el peaje participa del especie de los tributos adentro de la especie de las contribuciones especiales y no en un precio por el uso del camino. A fin de responsabilizar al concesionario de la autopista, la causa del siniestro debe encontrarse en poco inherente a la ruta en si misma y a su estado de conservación, así todavía como a todo objeto inerte que dificulte el tránsito o lo haga peligroso (CNCiv, Sala G, “Carnelli, Juan Oscar c. Nuevas Rutas S.A. s/ daños y perjuicios” del 07/06/1995; CNacCiv. Sala D, “Roa c. SEMACAR S.A. s/ daños y perjuicios”, Expte. 115.284/93 del 5/06/98; Mostrador, Rodolfo Carlos, “Arreglo de obra pública”, T. 1, pág. 295 y sgts.; Muzi, Sergio, “Responsabilidad del concesionario de rutas por peaje frente a un contratiempo provocado por un animal suelto”, La Ley Córdoba 1992-597). El poder de policía viario perteneciente al Estado es irrenunciable y no se transfiere a la concesionaria (CNCiv. Sala I, in re: “Papasidero, Agostino c. Camino del Atlántico S.A.”, del 24/11/1998; STJ de Corrientes; “Sinat Raul Antonio c. Ramón Bogado V.I.C.O.V. S.A. Y/O Q.R.R. S/Ordinario” 18/12/2006, Expte. N° 27012/06 y sus citas)”.

    “Para esta conclusión, la responsabilidad del concesionario viario estaría restringida a las obligaciones expresamente asumidas por este frente al Estado, pues resultando un simple delegado de este zaguero, no podría exigírsele que preste ningún tipo de actividad que no este rigurosamente establecida en el situación de los contratos de concesión de obra pública, postura que desprotege al legatario (conf. Carlos A. Ghersi-Celia Weingarten, “Tratado de Daños Reparables, pág. 631)”.

    “La corriente contractualista amplia, tipifica la relación concesionario-usuario como contractual, adecuado a que el chófer accede al uso de la carretera mediante el suscripción al concesionario de una suma de patrimonio en concepto de peaje (precio), como contraprestación por hacer posible la circulación en los términos del convenio oficial de concesión celebrado entre el Estado y la empresa concesionaria (Martín Diego Pirota, “Compendio Jurisprudencial sobre Accidentes de Tránsito en Carreteras y Autopistas”, Pág. 96)”.

    “Este anuencia de derecho privado generaría para el concesionario dos obligaciones: una obligación principal, cual sería la de habilitar al legatario el tránsito por el corredor viario y una obligación de seguridad (art. 1198 del Cód. Civil), por los daños que éste pudiera sufrir durante la circulación vehicular a través del trayecto concesionado, que es independiente de la obligación principal o típica y de resultado, generando consecuentemente responsabilidad objetiva derivada del hacedor de atribución de seguridad (Conf. Boragina, Juan C. y Meza, Jorge A. “Responsabilidad civil de las empresas concesionarias de peaje en relación a los daños padecidos por el agraciado”, en JA, del 12/11/1997, n° 6063, pág. 5; Vázquez Ferreira, Roberto, La demanda contra los concesionarios de autopistas, Revista de derecho de daños, núm. 1 Accidentes de tránsito, pág. 157; CNac. Civil, Sala F, “Abba, Miguel A. y otra c. Duarte S.A.”, LA LEY, 1992-D, Págs. 195/99, con nota de Jorge Bustamante Alsina; Idem, “Lerner c. Autopistas del Sol S.A. y otro s/ daños y perjuicios” del 17/09/98; CNCiv. Sala G, in re: “Duarte, Alejandra E. c. García, Hugo A. s/ daños y perjuicios”, del 15/02/2000; ídem, Sala D, in re: “Di Gregorio, Roque Vitale A. y otro c. De Godos; Julio A. y otros s/ daños y perjuicios”, del 08/10/1999)”.

    “Se prostitución así de una obligación tácita, derivada del deber de buena fe consagrado en el art. 1198, 1ª parte del Cód. Civil que es accesoria de la obligación principal y en virtud de la cual el deudor debe, encima de la prestación prevista en el pacto, velar que no recaiga ningún daño a la persona o eventualmente a los intereses de su cocontratante”.

    “Se ha dicho así que el principio de la buena fe tiene un válido contenido ético, que se manifiesta con un criterio objetivado y que tiene una función creadora o complementaria del ordenamiento legal considerado este en sentido amplio como código y como pacto (conf. art. 1197 de Código civil – “La obligación de seguridad en el pacto de espectáculo notorio: una fianza a auxilio del espectador”, nota a error CNCom. Sala D, 04/05/2005, “Tren de la Costa S.A. concurso preventivo, s/ inc. de comprobación de crédito de Yebra de Castaño, María”, por Diego Martín Pirota)”.

    “La progresiva operatividad del principio de buena fe en el derecho privado, ha generado exigencias de conducta traducidas en deberes complementarios del deber de prestación (evitar daños a la contraparte), que implican una manifiesta ampliación del ámbito de la responsabilidad contractual”.

    “Un tercer criterio encuadra a la concesión viario en una “relación de consumo”, pues las cuestiones suscitadas en torno a la interpretación de los contratos de concesión de corredores viales que involucren la protección del beneficiario deben resolverse aplicando los institutos particulares, en singular la ley 24.240, adecuando el orden de prelación que imponga la decisión mas beneficiosa para aquél, sobre todo considerando que la reforma constitucional de 1994 otorgó escalafón supralegal a los derechos de los consumidores (CSJN marzo 21- Petición E2006, Ferreira Víctor D. y otro c. VICOV S.A. Lexis 35003186; CNCOM; SALA B; 25/08/2003 CAUSA 86771/95 – “D´Onofrio Vanesa Graciela c. Caminos Del Atlántico SACV s/sumario” – elDial.com AA1A46; CCiv. y Com. de Córdoba, in re: “Hernández, Emilio c. Red Viario Centro S.A. s/ordinario”, del 27/05/1999; STJ de Corrientes Expte. N° 27012/06 – “Sinat, Raúl Antonio c. Ramón Bogado -V.I.C.O.V. S.A. Y/O Q.R.R. S/ Ordinario”, 18/12/2006 elDial – AA3ADC)”.

    “Internamente de esta concepción, y en orden a la cuestión relativa a si la concesión viario configura la prestación de un servicio sabido, Carlos Ghersi en la obra citada destaca “se negociación de un servicio que el concesionario presta en el contexto de su actividad económica empresarial con la finalidad de obtener beneficios, lo cual implica la responsabilidad de una serie de obligaciones y un determinado peligro empresarial. Así mediante una ordenamiento se pretende que el sucesor utilice la carretera en forma redimido y segura. Ello por cuanto “Mediante la manufacturación de determinados insumos, maquinarias y mano de obra (el camino, la señalización, el mantenimiento de carpeta asfáltica, etc.) las concesionarias producen un servicio, (art. 40 de la ley 24.999) que tiene que se prestado de buena fe (art. 1198 del CC) y con el cumplimiento de los principios de información (art. 4 de la ley 24.240 y de seguridad (art. ley 24.240)”. (Conf. Ghersi-Weingarten, Ob.cit. pág. 631)”.

    “El concesionario no asume una obligación de dar el uso y satisfacción de una cosa, sino de prestar un servicio, y tiene el serio deber judicial de cumplir, evitando la producción de daños. Debe adoptar medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada. De tal guisa que si el agraciado sufre un daño como consecuencia de la defectuosa o irregular prestación se genera una obligación resarcitoria en persona del concesionario”.

    “La Corte Suprema de Conciencia de la Nación en el caso “Ferreira, Ramón c. VICOV S.A.”, del 21/03/2006, LA LEY 2006-C-490, y en “Bianchi de Pereyra, Isabel del carmen c. provincia de Buenos Aires y Camino del Atlántico” (Fallos: 329:4944) sostiene este criterio al señalar que “se proxenetismo de una relación contractual de derecho privado y hace manar una obligación objetiva de seguridad a cargo de la concesionaria, pues se proxenetismo de prestar un servicio de carácter continuado, moralmente reflejado por el ingreso a las rutas en forma masiva, y de uso simultáneo, sin que pueda existir una deliberación previa de forma que permita al becario modificar las condiciones de la prestación” destacándose que “…la imposibilidad de deliberación, torna relevante la operatividad del principio de buena fe que informa el art. 1198 del código Civil, de forma que debe reflejarse indispensablemente en la eficiencia y seguridad del servicio que presta, para conquistar de modo destruido la adquisición del resultado…” (del voto del Dr. Zaffaroni)”.

    “Se tráfico, dice el Dr. Lorenzetti en el laudo citado, “de la seguridad, entendida como un valencia que debe llevar la conducta del estado así como a los organizadores de actividades que, directa o indirectamente se vinculen con la vida o la lozanía de las personas…”. agregando que “El ciudadano global que accede a una ruta concesionada tiene una confianza fundada en que el ordenador se ha ocupado razonablemente de su seguridad…El funcionamiento regular, el respaldo de las marcas y del estado es lo que genera una apariencia jurídica que simplifica su funcionamiento y lo hacen posible…”.

    “Resalta que el fortalecimiento de la apariencia jurídica y de la confianza son esenciales para estos sistemas, que no podrían subsistir tanto si se negara protección jurídica a las marcas, como si se exigiera que el consumidor se comportara como un contratante avezado que exigiera pruebas e información antaño de usar el servicio”.

    “En cuanto al contenido de la seguridad, el arbitraje establece que deberá ser la previsibilidad del art. 902 del Cód. Civil, entendiendo que el concesionario es un profesional en su billete en el mercado. En dicha inteligencia, la existencia de animales en las rutas resulta previsible para la empresa concesionaria, y no libera de responsabilidad pues se encuentra internamente del peligro propio y específico de las actividad económica desarrollada, no excluyendo la del dueño del animal, cuando se encuentra identificado, pues concurre con la responsabilidad del concesionario (Ghersi-Weingarten, Ob.cit. pág. 642)”.

    “Este es el criterio que actualmente emana de la justicia de la CSJN, quien en su conformación aludido (fallos citados por la recurrente), había fijado una posición adversa a la expuesta, liberando de responsabilidad tanto al Estado como a la Concesionaria, manteniéndola nada más sobre el propietario del animal”.

    “Comparto en definitiva el criterio que sostiene que el vínculo que se establece entre el concesionario y el favorecido de una ruta de peaje es una relación contractual de derecho privado que hace emanar una obligación objetiva de seguridad a cargo del primero, que es de fuente constitucional (cit. art. 42 de la Constitución Franquista) y justo (art. 5 ley 24.999; ley 24.240), de modo que enlaza al agraciado con el concesionario viario una típica relación de consumo, por la cual la responsabilidad de este extremo se encuadra en el régimen contractual (CSJN, in re: “Ferreira”, op. cit. CNCiv. Sala F, in re: “Greco, Gabriel c. Caminos del Atlántico s/ daños”, del 13.3.2000, voto de la Togado Highton; Lorenzetti, Ricardo L. “Concesionarios viales ¿En qué casos hay responsabilidad?”, Rev. de Derecho de Daños, nro.3, Accidentes de tránsito-III, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, pág. 157 y ss; CNCOM SALA B; 25/08/2003 CAUSA 86771/95 – “D´Onofrio Vanesa Graciela c. Caminos Del Atlántico SACV s/sumario” – elDial.com AA1A46)”.

    En dicha inteligencia, y analizando el caso de autos a la luz de los conceptos expuestos, considero que la empresa demandada es responsable por los perjuicios sufridos por la actora por la deficiencia en el servicio prestado, si se tiene en cuenta que pesa sobre la concesionaria la vigilancia permanente de rutas, remoción inmediata de estorbos y instrumentos extraños, retiro de animales de la vía pública, control ininterrumpido de la conducción y toda medida tendiente a resguardar la seguridad, medio esfera y la correcta circulación de los caminos (conf. Rinessi, Antonio J. “La desprotección de los usuarios viales”, Rev. De derecho de Daños, nro. 3, Accidentes de Tránsito” – III – Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1998, pág. 111 y ss.).

    La partida de un apropiado prueba del deber de previsión y de disponer lo necesario para evitar accidentes, que aparece demostrado en autos en presencia de la ocurrencia misma del evento dañoso y la desatiendo de prueba de la demandada respecto de la prohijamiento de medidas eficaces concretas de carácter preventivo, pese a las testimoniales producidas, al referencia de OCCOVI respecto a la presencia de carteles en la zona advirtiendo la posibilidad de encontrarse animales sueltos y demás constancias agregadas; no puede sino concluirse en la responsabilidad de la concesionaria, que conlleva a la confirmatoria sobre el punto de la sentencia apelada.

    VIII. Seguidamente, he de analizar los agravios esgrimidos por “Viario Cinco S.A.” respecto de la responsabilidad que endilga a la Provincia de Tucumán en la producción del siniestro de autos. Ello sin perjuicio de la confirmatoria “ut supra” establecida en cuanto a la responsabilidad adjudicada al concesionario.

    La empresa accionada requirió la citación de la Provincia de Tucumán como tercero, al igual que del Estado Doméstico, lo que fue consentido oportunamente por la actora. La primer juzgadora admitió la excepción de errata de certificación pasiva interpuesta por el Estado Doméstico y desestimó la demanda contra Provincia de Tucumán; todo ello en el entendimiento que el Poder de Policía que corresponde al Estado no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ningún de sus órganos o dependencias tuvo parte, no resultando justo involucrarlo en las consecuencias dañosas que se produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención. Cita fallos de la Corte Suprema en tal sentido.

    Sin perjuicio de ello, en lo que atañe a la Provincia de Tucumán, entiendo asiste razón a la recurrente en cuanto a que se ha omitido analizar las obligaciones a cargo de la autoridad policial provincial y los informes remitidos por la propia Policía de la Provincia de Tucumán.

    A fs. 289/ 300 de autos, obra contestación de oficio suscripta por el Subsecretario de Seguridad Ciudadana del Ocupación de Seguridad de la Provincia de Tucumán, remitiendo la información solicitada respecto a los operativos de control llevados a parte por la Policía de Tucumán desde el año 2006 en relación a la erradicación de animales sueltos en la Ruta Nac. 9 en competencia de dicha provincia; acompañándose copia del documentación de la Sección Caballería de la repartición y juicio de la Consultorio Jurídica del Depto. Gral. de Policía.

    La Pelotón Singular Sección Caballería detalla con data 10 de Julio de 2009 que cumple, entre otras, las funciones de Erradicación de Animales Sueltos en distintas unidades regionales de la provincia, mediante órdenes de servicio preestablecidas emanadas de la Superioridad, como asimismo por propia planificación y en cumplimiento de los requerimientos de las distintas Unidades de Orden Notorio (Comisarías), abarcando efectivamente recorridos de prevención de animales sueltos por la Ruta Doméstico N° 9, lo cual se efectúa en forma aperiódica, afectando para ello una dotación de efectivos policiales provistos de lazos y cuerdas que resultan necesarios para el cumplimiento de las funciones de prevención de seguridad y se destina el único móvil -camión jaula- que se halla en funcionamiento; teniendo en cuenta que se accede a diferentes destinos turísticos que conllevan a una decano circulación de vehículos y afluencia de sabido.

    Por otro costado, se aclara que la política de esa gobierno, como del comando superior siempre es priorizar toda ruta, calle, camino o puesto de su extensa geodesía provincial para efectuar las batidas de erradicación de animales sueltos, procurando recorrer y aprestar toda y cuanta competencia se presenta y en apoyo con las comisarías jurisdiccionales, las cuales tienen a su cargo igualmente dicha función.

    Se aclara allí además que, con antelación, se firmó un convenio entre el entonces Principal de Dispositivo Regional Finalidad, el representante de la firma Viario Cinco, el encargado de la Oficina de Operaciones de UR Este y la Sección Caballería, mediante el cual se acordó la realización de batidas de animales sueltos por dicha ruta, en forma aperiódica y con la colaboración de las Dependencias y la empresa concesionaria de los peajes Molle Yaco y La Florida. Consta que se tiene conocimiento que personal de dicha concesionaria efectuaban y/o efectúan en la hogaño tareas de trayecto con la encomienda de efectuar una saneamiento de animales sueltos sobre dicha ruta o dando aviso en forma inmediata a esta Pelotón Distinto para la correspondiente intervención.

    Refieren que es así que, desde el año 2006, durante estos operativos, se logró en jurisdicciones que albarca dicha ruta, en Dispositivo Regional Este y Finalidad, el secuestro de aproximadamente 185 animales de diferentes especies. Clarificando que la decano parte de la realización de los operativos resultan por requerimientos ordenados en forma radial y telefónica y desde un tiempo a esta parte -se señala- por propia planificación de los fortuna disponibles.

    Se agregan copias de las órdenes de servicio frecuente de operativos de control y erradicación de animales sueltos en ruta, que incluyen la RN 09, correspondiente al año 2006, entre otros.

    En resumidas cuentas, la provincia de Tucumán debe replicar en forma concurrente con el concesionario por las consecuencias dañosas derivadas del hecho que nos ocupa, ya que era su deber surtir en condiciones de transitabilidad la ruta en cuestión para evitar perjuicios a quienes circulen por ella, mediante medidas efectivas de erradicación de animales sueltos. Ello en virtud de las funciones de policía que le atañen y de las que da cuenta la prueba arrimada; por lo que es insoslayable la responsabilidad que le junto a en la terreno del art. 1113 del Cód. Civil.

    Es en este sentido que propongo al Acuerdo la modificatoria del decisorio de graduación.

  • He de avocarme seguidamente al estudio de los rubros resarcitorios cuestionados.
  • He de advertir, a los fines de la estimación de los montos resarcitorios, que en la demanda las sumas peticionadas fueron supeditadas a “lo que en más o en menos establezcan los jueces y de conformidad con la prueba rendida en estas actuaciones (art. 165 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación)” -fs. 36-.

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  • A) Incapacidad sobreviniente (daño físico, psíquico y tratamiento).
  • La incapacidad sobreviniente es el perjuicio que consiste en las limitaciones a la capacidad genérica que son consecuencia de las lesiones experimentadas por la víctima al producirse el percance, exigiendo el resarcimiento del perjuicio patrimonial sufrido por el roto la consideración prudencial de los aspectos a ella referidos (existencia, sexo, actividad, punto de instrucción, etc.), gozando el arbitrio sumarial de un amplio ganancia de apreciación. Se descarta entonces la apadrinamiento de sistemas automáticos basados en cálculos actuariales o de fórmulas genéricas semejantes. Comprende, en consecuencia, la merma genérica en todas las esferas de su personalidad y constituye, por consiguiente, un quebranto patrimonial indirecto.

    Así como toda disminución de la integridad física humana debe ser materia de resarcimiento, hay que permitir que cualquier merma de las aptitudes psíquicas de un individuo constituye igualmente un daño resarcible. En este aspecto, se configura la contusión psíquica mediante la cambio de la personalidad, es sostener, la perturbación profunda del nivelación emocional de la víctima que guarde adecuado conexión causal con el hecho dañoso y que entrañe una significativa descompensación que perturbe su integración en el mundo social.

    Para fijar el respectivo quantum indemnizatorio se ha resuelto que debe tenerse en cuenta no sólo de qué forma incide su atracción en las aptitudes de la víctima para el trabajo futuro o en la frustración de obtener beneficios económicos, pues esa incidencia no es única ni monopolio a los fines resarcitorios, sino adicionalmente de qué guisa gravita en todos los demás aspectos de la personalidad de la víctima (v. esta Sala Exptes. 101.557/97; 31.005/01; CNac.Civ. Sala F, 21/11/2002, JA, 2003-IV- síntesis; CCiv. y Com. Morón, Sala 1ª, 01/10/2002, JA, 2003-II-síntesis; Id. Sala 2a. 20/02/2003, JA, 2003-IV-262; C.Nac.Civ. Sala H, 23/05/2002, JA, 2003-I-síntesis, entre muchos otros).

    Ello por cuanto su afectación se proyecta necesariamente al futuro, cercenando o menoscabando probabilidades de desenvolvimiento, éxito o inserción en el mundo de relación (conf. Zavala de González, Daños a las Personas – Integridad Psicofísica, T 2a. pág. 41).

    Asimismo, sabido es que existiendo entre el daño y el incidente relación de causalidad, en caso de surgir de la peritación idónea al meta la carestia de apoyo psicológico, los responsables del hecho deben cargar con las erogaciones necesarias a fin de alcanzar la disminución de las secuelas producidas o evitar un agravamiento del cuadro. La procedencia de estos gastos no obsta a que tenga empleo el resarcimiento por la incapacidad padecida, ni que exista por dicha causa duplicación de reparaciones, puesto que una cosa es reparar la minoración permanente de aptitudes y otra cubrir con una terapia adecuada la posibilidad de que empeore el estado del peticionante.

    Ahora adecuadamente, para que procedan los reclamos en estudio, resulta de fundamental importancia la existencia de un daño cierto resarcible que indique que el hecho procreador ha provocado secuelas de carácter discapacitante, con clara relación causal.

    En este orden de ideas, se hace necesario señalar que es precisamente la opinión de los expertos en la materia la adecuada para tener en cuenta a los enseres de estudiar la procedencia o no de los conceptos en tratamiento.

    A tal fin, cerca de atenerse a las constancias obrantes en la causa y experticias médicas, que valoro y acepto en los términos de los arts. 386 y 477 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación

    Pues admisiblemente, en la experticia de fs. 387/ 389 producida por el profesional traumatólogo designado de oficio surge que, de acuerdo al examen practicado y estudios aportados, la actora refiere molestias físicas en presencia de las maniobras de movilización del dedo pulgar llevadas a parte por el perito. Se registra disminución en la amplitud de la movilidad de la articulación carpo metacarpiana del primer dedo, la cual se encuentra fija en 0° (3 %) para la flexión y de 0 a 10° (2 %) para la extensión. La movilidad de la articulación metacarpo falángica del primer dedo moviliza de 0° a 40° (4 %), siendo la movilidad de la articulación interfalángica del pulgar de 0 a 80°.

    Replica que se la inmovilizó con yeso antebraquiopalmar incluyendo el dedo pulgar, el cual debió usar cerca de 40 días, continunando luego con fisiokinesioterapia. No considera necesario ningún tratamiento médico ni fisiokinésico en la contemporaneidad. Refiere que existen ciertas limitaciones físicas en mano y muñeca izquierdas que pondera al determinar la incapacidad física definitiva.

    Concluye que la examianda presenta una incapacidad física del 10 % de la total obrera (9 % por las incapacidades halladas y 1 % por hacedor de ponderación en pulvínulo a la momento).

    En la contestación a las impugnaciones a fs. 440, el perito ratificó en un todo los conceptos vertidos en su noticia pericial.

    En cuanto al aspecto psíquico, a fs. 379/ 383 la perito psicóloga designada de oficio determinó, tras la entrevista y test efectuados, que el percance no ha afectado psicológicamente a la actora, quien no manifiesta perturbaciones como resultado de las pruebas suministradas. No requiere siquiera psicoterapia de rehabilitación.

    Debe destacarse que si admisiblemente el parecer pericial no obliga al togado, cuando está suficientemente fundado y uniforme en sus conclusiones debe acordársele valía probatorio. La sana crítica aconseja seguir el opinión pericial cuando no se oponen a ello argumentos científicos y técnicos, legalmente acertadamente fundados, por lo que debe reconocerse plena validez a este tipo de prueba que recae sobre hechos controvertidos sustancialmente técnicos para cuya valoración se requieren conocimientos especiales, pudiendo sus conclusiones solo ser enervadas por fundadas razones científicas y no por la mera opinión discordante de profanos en la materia o sobre la almohadilla de meras divergencias subjetivas (conf. expte. n° 37.715/04 de esta Sala, entre otros).

    En función de lo expuesto, meritando las condiciones personales de la damnificada, en singular las relativas a su antigüedad -35 primaveras al momento del hecho-, situación socio-económica (conf. BLSG expte. N° 99.679/ 2006), las objetivas del evento dañoso, la naturaleza de las lesiones padecidas y la incapacidad física que presenta en relación causal con el montaña de autos, es que si mi voto es compartido, propongo al Acuerdo incrementar la suma acordada ($30.000) a la de pesos cuarenta mil ($40.000) -conf art. 165 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación-.

    Existe daño íntegro indemnizable cuando hay una torcedura o agravio a un interés judicial no patrimonial, es aseverar un menoscabo a riqueza extrapatrimoniales.

    El derecho no resarce cualquier dolor, humillación, padecimiento sino aquello que sea consecuencia de la privación de un proporcionadamente legal sobre el cual el dolorido tenía un interés obligado jurídicamente (conf. Zannoni, “El daño en la responsabilidad civil”, pág. 234/235; Brebbia, “Daño recatado”, pág. 47; art. 1078 del Cód. Civil).

    El agravio ético está constituido por la equimosis a las afecciones íntimas del dañado, los padecimientos que experimenta, la duración de su convalecencia y la incertidumbre sobre el calidad de restablecimiento.

    Es así que, considerando las condiciones subjetivas de la actora, entidad de las lesiones sufridas, la incapacidad que padece y demás circunstancias que surgen de la causa, entre ellas que portó yeso por casi cuarenta días en miembro superior izquierdo y debió efectuar rehabilitación, es que propongo al Acuerdo incrementar la suma acordada en la instancia de naturaleza ($20.000) a la de pesos treinta mil ($30.000) -conf. art. 165 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación-.

  • C) Gastos de botica, médicos y de traslado.
  • Es realizable memorar que para la procedencia de tales reclamos no se requiere prueba cierta y determinada y deben ser abonados cuando es presumible su existencia en virtud de la índole de las lesiones sufridas. Siendo ello así, la determinación de su monto ha de permanecer librada al prudente arbitrio legal por aplicación de lo dispuesto por el art. 165 del Cód. Procesal, gravitando para ello factores tales como el punto donde fue atendida la víctima, importancia y extensión de las lesiones, etc.

    Es por ello que, atento las constancias de la causa, teniendo en consideración las lesiones que sufriera la Sra. Vidriera; la circunstancia que la atención en hospital notorio o por intermedio de obras sociales no implica la gratuidad de todos los medicamentos y prestaciones; sumado a los traslados que hubo de realizar durante su recuperación; es que propongo al Acuerdo confirmar la suma acordada ($2.000), sobre la que no existe agravio de la actora.

    El a quo otorgó por este concepto la cantidad de $38.015, suma ésta que corresponde a lo determinado por el perito ingeniero actuante.

    Pues admisiblemente, a fs. 16/ 17 obra copia de presupuesto de reparación del Citroen C3 acompañado por la actora por $24.003, 76 (Versalles Automotores S.A.).

    En la peritación técnica producida a fs. 398/ 400, el profesional designado de oficio indicó que al objetivo del disección de los daños, cuenta con la fotografía publicada en publicación, donde se advierten los daños externos del rodado. En función de los mismos y teniendo presentes los que debieron producirse por transmisión de esfuerzos sobre sectores internos y contiguos a los directamente afectados, interpreta que las tareas descriptas en el presupuesto de Versalles Automotores S.A. responden correctamente a las deposición del caso. De tal modo, sobre la cojín de dichas tareas, determina los títulos actualizados a la experticia, utilizando a tal impresión idéntico criterio al empleado por los talleres de plaza. Evaluando los parámetros: repuestos, trabajos de chapa, de pintura y adicionales Arribando a un monto total de $38.015

    En su contestación a las impugnaciones (fs. 445) el perito sostuvo que la valuación de daños ha sido efectuada en función de los rudimentos obrantes en autos y su criterio técnico. Deja claro que en función de los rudimentos con los que ha contado se ha informado a V.S. de la modo más objetiva posible y con los alcances que exactamente se definen en la peritación.

    Avala que ha dicho expresamente que los daños visibles se relacionan adecuadamente con las tareas denunciadas y por eso se han valorado con ese detalle.

    Por tales razones, compartiendo las argumentaciones de la preliminar juzgadora sobre la cuestión, propondré al Acuerdo la confirmatoria de la procedencia del rubro y monto fijado por este concepto.

    Cerca de destacar que la privación de uso del transporte (in genere) puede ser el origen de diferentes consecuencias resarcibles: daño emergente (gastos de movilidad), rendimiento cesante (pérdida de ganancias por las frustración temporal de una actividad productiva que se desarrollaba con el automotor).

    El perjuicio se encuentra representado por las erogaciones requeridas para presentarse a medios de transportes sustitutivos. La afectación del uso de un objeto tiene como contrapartida la indemnización necesaria para apoyar o restituir la situación de la víctima precedente al hecho (art. 1083 CC), lo que se traduce en los gastos que implica un uso similar o equivalente al que ayer se disfrutaba (Matilde Zavala de González, “Resarcimiento de daños”, T° 1, “Daños a los automotores”, pág. 115/16).

    Se considera así que la sola privación del uso de un automotor comporta por sí un daño indemnizable, en función de los caracteres que tiene el felicidad de la colegio: valencia utilitario y financiero del uso; habitualidad del reemplazo del automotor siniestrado; onerosidad de dicho reemplazo; privación del contenido financiero del valía de uso que opera cualquiera sea la modalidad, etc. (ob. cit, pág. 126/27).

    Tales instrumentos conllevan a conceder la ingenuidad del daño que importa “per se” la indisponibilidad provisoria del automotor.

    En lo que respecta al tiempo que demandan los arreglos en cuestión, en la experticia producida el perito estimó en 28 a 30 días el tiempo total de indisponibilidad del rodado, contemplando normales demoras por búsqueda de taller y presupuestos, paciencia de turno, condiciones climáticas, operación de repuestos, etc. (fs. 399 vta “in fine”).

    Corresponde asimismo valorar un ganancia comprensible de gastos que no tuvo que solventar la actora en ese traspié al no utilizar el rodado.

    En función de lo expuesto, propongo al Acuerdo la confirmatoria de la procedencia del rubro y del monto convenido por la a quo ($4.000) el que estimo en el caso legítimo y prudencial.

    Se queja la accionante por la tasa de interés aplicada a la litis en el período comprendido entre el hecho y la sentencia (8 % anual). Solicita que el haber de condena devengue intereses a la tasa activa, conforme plenario “Samudio”, desde el evento y hasta el efectivo cuota.

    Debe señalarse que en el Acuerdo Plenario celebrado el día 20 de Abril de 2009 en autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c. Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios”, se resolvió dejar sin propósito la doctrina fijada en los fallos plenarios “Vázquez, Claudia Angélica c. Bilbao Walter y otros s/ daños y perjuicios” – del 02/08/1993 – y “Alaníz Ramona Evelia y otro c. Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios” -del 23/03/2004- y establecer la tasa de interés moratorio, correspondiendo aplicar la tasa activa cartera común (préstamos) nominativo anual vencida a treinta días del Lado de la Nación Argentina, con enumeración desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia.

    En materia de daños los intereses se devengan desde el momento mismo en que se produjo cada perjuicio, pues la reparación se adeuda desde el hecho dañoso o desde que sus consecuencias dañosas se produjeron, cubo que el responsable incurre en mora a todos los mercancía legales desde que aquel hecho se produjo.

    Esta Sala ya se ha pronunciado en el sentido que el árbitro en la sentencia fija un quantum, lo que de ningún modo es igual al momento a partir del cual la obligación se hace exigible, teniendo en cuenta que la no solvencia de la suma no implica la no exigibilidad y, luego, es desde la mora -en el caso, el hecho- que resulta computable (conf. Expediente. N° 71.896/2003, “Latorre Costa, José Alfredo c. Osperyh y otros s/Daños y perjuicios”, del 2 de julio de 2009, con voto preopinante de la Dra. Hernández).

    En definitiva, de establecerse una tasa pequeño se estaría premiando al deudor por el tiempo transcurrido entre el hecho y la sentencia firme que decide su cuota. Como ha señalado la Sala H en autos “Fragoso c. Construred S.A. s/ daños y perjuicios” (22/04/2003) “…una tasa inferior a la de plaza provoca un beneficio para el deudor deudor que aumenta a medida que el proceso se dilata, mientras que una tasa coincidente a la del mercado constituye un estímulo que es el deseable, en tanto se ajusta a la respaldo ínsita en el art. 18 de la Constitución Doméstico”.

    En otro orden de ideas, la Dra. Hernández, la Dra. Díaz y el Dr. Ameal se han pronunciado en sus fundamentos al voto que dieran en el plenario respectivo, en lo referente a la excepción en él señalada, en el sentido que no resulta aplicable a supuestos como el de autos, en almohadilla a las consideraciones que ya expusieran en votos a fallos de esta Sala (ver exptes. N° 43.604/02 y 48.738/02), que me permito reproducir, adhiriéndome a dicha posición.

    En meta, conjuntamente con los Dres. Sansó, Mizrahi, Ramos Feijóo, Díaz Solimine, Vilar, Zannoni, Mattera, Wilde, Verón y Pérez Pardo, sostuvimos en aquella oportunidad que la salvedad del zaguero punto de la doctrina del plenario provoca cierta perplejidad. ¿Cómo es posible sostener que la aplicación de la tasa de interés activa implica falta menos que una inquietud del significado crematístico del caudal de condena que configura un ganancia indebido?

    Se dijo: “En esa cuestión, la salvedad sólo tendría significación en los casos en que el caudal de condena se tradujese en sumas actualizadas por índices que miden la depreciación monetaria acaecida entre la mora, o el día en que se produjo el perjuicio objeto de reparación, y el dictado de la sentencia. Esto así porque, en ese supuesto, la puesta al día monetaria ya habría recuperado el valencia del renta. Si a dicho hacienda de condena, por hipótesis actualizado, se le adicionara una tasa activa que incluyese el plus destinado a remendar, evidentemente, el valía del renta, se originaría un beneficio sin causa pues se estaría condenando a cargar no sólo con la depreciación monetaria, sino con un interés cuya tasa la computa nuevamente. Es opinar, se obligaría al deudor a abonar dos veces por la misma causa. Tales fueron los fundamentos que llevaron, en la plazo de los setenta, a consagrar tasas de interés “puro” que excluían la prima por la desvalorización monetaria que ya había sido calculada al actualizarse el hacienda mediante el empleo de índices”.

    “A partir de la ley 23.928, en 1991, quedó prohibida toda “indexación” por precios, puesta al día monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, prohibición que ha mantenido el art. 4. válido ley 25.561, denominada de emergencia económica. “En ningún caso dice esta última norma se admitirá modernización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor”.

    “De tal modo el renta de condena no es susceptible, hoy, de estos mecanismos de corrección monetaria, que en su origen fueron propiciados exclusivamente para las llamadas obligaciones de valía que se liquidan en parné y que con la hiperinflación que azotó a nuestra peculio durante décadas se generalizó a todas las obligaciones dinerarias. En tal sentido, los fallos plenarios dictados por la Cámara Doméstico en lo Comercial (13/04/1977) y por esta Cámara (in re “La Amistad S.R.L. v. Iriarte, Roberto C.” del 09/09/1977), siguiendo pronunciamientos anteriores de la Corte Suprema de Equidad de la Nación, ejercieron un finalidad multiplicador de la crisis inflacionaria. Y fue en ese contexto que se elaboraron criterios relativos al cálculo del interés “puro”, que oscilaba entre el 6%, el 8% y hasta el 15% anual”.

    “El contexto contemporáneo no es, por fortuna, aquél. La circunstancia de que, cuando se tráfico de resarcimientos derivados de hechos ilícitos, el magistrado en la sentencia estima ciertos rubros indemnizatorios a títulos actuales como suele decirse, a los fines de preservar en equidad el carácter resarcitorio de la indemnización, no significa que se “indexen”, o sea actualicen, los montos reclamados en la demanda mediante la aplicación de índices de depreciación monetaria. Tales procedimientos de puesta al día están prohibidos, se reitera, por las leyes antiguamente citadas. Y aunque pudiera argumentarse que, aun así, la obligación de reparar daños constituye una típica obligación de valía que se liquida en mosca, según la clásica nomenclatura, existe consenso por lo menos a partir del dictado de la ley 23.928 que los montos liquidados por quien reclama el resarcimiento en proceso, constituyen parámetros que deben respetarse en acatamiento del principio de congruencia, exceptuado lo que, en más o en menos, surja de la prueba producida durante el proceso”.

    “Con ese mismo criterio se aceptó, desde 1992, aplicar a equivocación de un pacto o convenio de intereses, la tasa pasiva promedio que mensualmente publica el Parcialidad Central de la República Argentina y que entre ese año y el 2004, estuvo por encima de los precios al consumidor, lo cual no ocurre en la ahora. Como señaló la mayoría del tribunal al replicar a la primera pregunta del acuerdo plenario, una tasa que se encuentra por debajo de los índices inflacionarios no sólo no repara al fiador sino que beneficia al deudor que dilata el suscripción de la deuda”.

    “Por todo lo que sucintamente bajo expuesto, se entiende que la salvedad que se hace al objetar a la última pregunta que se formuló en el acuerdo no es operante en este contexto; dicha salvedad queda confinada al hipotético caso de que, en el futuro, se autorizara la repotenciación de un haber de condena, lo que, en principio, no es posible hacer actualmente, en acatamiento del derecho actual”.

    “Es por ello que, desde “el inicio de la mora”, ya sea que la obligación pertenezca a la trayectoria contractual o aquiliana, “hasta el cumplimiento de la sentencia” quedó determinada una regla común: aplicar al cálculo de intereses moratorios (art. 622 del Cód. Civil) la tasa activa. Dicho aserto no admite cuestionamiento”.

    “El ganancia indebido, especie del ganancia sin causa, funciona como principio común de derecho que representa un llamado ideal a la ecuanimidad, que debe primar en todo ordenamiento legal”.

    “Pero dicho principio, como tal, adolece de una ambigüedad e imprecisión notorias, que dificultan su aplicación a situaciones concretas que se dan en la experiencia de las relaciones jurídicas”.

    “No obstante, aun derogadas en un futuro hipotético las leyes que prohíben la puesta al día por repotenciación de deuda, a existencias de otorgarle virtualidad a la excepción a la regla común resuelta en el plenario, es necesario que se den ciertos presupuestos: la coexistencia de un beneficio de una parte y un deterioro de la otra, relación causal entre entreambos e inexistencia de una torneo causa que avale la variación operada entre los patrimonios del deudor deudor y su fiador, que altere el significado financiero del hacienda de condena por aplicación de una tasa distinta a la activa en el cálculo de los intereses moratorios, todo lo cual deberá ser debidamente solicitado y acreditado por el interesado”.

    “Ello así, por cuanto la poder morigeradora de oficio es propia cuando en virtud del principio de autonomía de la voluntad (art. 1197) las partes pactaron intereses punitorios exorbitantes en caso de mora del deudor, pero de ningún modo cuando se comercio del supuesto contemplado por el art. 622 del Cód. Civil, atento al principio dispositivo del proceso; la naturaleza patrimonial de la energía ejercida y las reglas respecto de la carga probatoria establecida en el art. 377 del Código Procesal”.

    Por los fundamentos vertidos, corresponde hacer ocupación a la queja de la actora en los términos señalados, debiendo aplicarse sobre el caudal de condena la tasa activa cartera caudillo (préstamos) nominativo anual vencida a treinta días del Bandada de la Nación Argentina desde la mora, aquí, desde el hecho y hasta el efectivo cuota.

    La doctora Hernández y el doctor Ameal por las consideraciones y razones aducidas por el doctor Domínguez, votan en igual sentido a la cuestión propuesta.

    En virtud de las consideraciones precedentes y si mi voto es compartido, propongo al Acuerdo: 1) Revocar la sentencia apelada en cuanto desestima la demanda contra la tercera citada Provincia de Tucumán, la que deberá objetar en forma concurrente con el concesionario por las consecuencias dañosas derivadas del hecho de autos; 2) Modificar la sentencia apelada en el sentido de incrementar los montos establecidos por los rubros “incapacidad sobreviniente” y “daño honrado” a las sumas de $40.000 y $30.000, respectivamente; 3) Modificarla en el sentido que los intereses se liquiden a la tasa activa cartera universal (prestamos) nominativo anual vencida a treinta días del Tira de la Nación Argentina desde la mora -aquí, desde el hecho- y hasta el efectivo plazo; 4) Confirmarla en todo lo demás que decide, manda y fuera motivo de agravios, 5) Imponer las costas de ambas instancias a la empresa demandada y a la tercera citada Provincia de Tucumán (conf. art. 68 Cód. Procesal).

    Y pasado lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad de votos el Tribunal decide: 1) Revocar la sentencia apelada en cuanto desestima la demanda contra la tercera citada Provincia de Tucumán, la que deberá reponer en forma concurrente con el concesionario por las consecuencias dañosas derivadas del hecho de autos; 2) Modificar la sentencia apelada en el sentido de incrementar los montos establecidos por los rubros “incapacidad sobreviniente” y “daño íntegro” a las sumas de $40.000 y $30.000, respectivamente; 3) Modificarla en el sentido que los intereses se liquiden a la tasa activa cartera universal (prestamos) nominativo anual vencida a treinta días del Lado de la Nación Argentina desde la mora -aquí, desde el hecho- y hasta el efectivo suscripción; 4) Confirmarla en todo lo demás que decide, manda y fuera motivo de agravios, 5) Imponer las costas de ambas instancias a la empresa demandada y a la tercera citada Provincia de Tucumán (conf. art. 68 Cód. Procesal). Difiérase la regulación de honorarios para una vez aprobada en autos la depreciación definitiva (art. 279 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN. Se deja constancia que la difusión de la presente resolución se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación y art. 64 del Reglamento para la Honestidad Franquista. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido. Regístrese, notifíquese por secretaría y cumplido ello, devuélvase a la instancia de división. — Carlos A. Domínguez. — Corrida B. Hernández. — Oscar J. Ameal.

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